Comunicado de los trabajadores despedidos del Circuito de Velocidad de Albacete

Los trabajadores que han sido despedidos del Circuito de Velocidad de Albacete, y su representación sindical, quieren informar a los medios de comunicación y, a través de ellos, a todos los ciudadanos, de los siguientes extremos:

PRIMERO: El pasado 5 de junio de 2013, el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete ha dictado sentencia desestimando las demandas por despido, al entender que se ha producido un desequilibrio financiero entre el importe de las aportaciones e ingresos obtenidos y el nivel de gastos.

SEGUNDO: Respetamos la sentencia, pero no la compartimos, y por eso la hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y llegaremos al Tribunal Supremo si es necesario.

TERCERO: Queremos poner de manifiesto que las causas económicas que se alegan no son tales, sino que ha existido una mala gestión por los responsables del Circuito, en concreto del Gerente y del Jefe de Administración.

CUARTO: Prueba de lo manifestado es que, tras la denuncia penal presentada por los trabajadores despedidos, la Fiscalía Provincial de Albacete ha acordado remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción para la incoación de Diligencias Previas por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos contra el Gerente del Circuito, Andrés Sánchez Marín, y el Jefe de Administración, Antonio Eugenio Martínez Ramírez.

QUINTO: Igualmente, la Inspección Provincial de Trabajo ha iniciado actuaciones de investigación para la averiguación de las irregularidades denunciadas.

SEXTO: La Auditoría operativa encargada por la Diputación Provincial evidencia también la existencia de, al menos, 16 “debilidades” o anomalías en las áreas jurídica, fiscal y laboral del Circuito.

SÉPTIMO: A la vista de lo manifestado, pedimos a los responsables del Circuito:

1-. Que procedan al cese inmediato del Gerente y del Jefe de Administración del Circuito.

2-. Que se inicie un proceso de negociación para tratar de salvar los puestos de trabajo, ya que se tiene conocimiento de que se ha contratado a terceras empresas y personas para realizar nuestras mismas funciones, por lo que no entendemos donde está el ahorro que se buscaba con los despidos.

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